¿Este es el futuro por el que nuestras familias se sacrifican?
En Ecuador, estudiar en una universidad privada no es ningún lujo para muchas familias. Detrás de cada matrícula hay padres trabajando, ahorros de años, deudas y jóvenes intentando construirse un futuro.
Yo fui uno de esos estudiantes. Y terminé perdiendo mucho más que mi universidad.
Estudiaba Publicidad en la Universidad de Las Américas (UDLA), en Quito.
Durante el semestre anterior sufrí dos agresiones relacionadas con rivalidades futbolísticas. Intenté comunicar lo que estaba viviendo a la institución porque tenía miedo de que la situación empeorara.
No quería conflictos. Quería estudiar, terminar mi carrera y devolverle algún día a mi familia todo el esfuerzo que había hecho por mí.
El 23 de marzo de 2026, en los exteriores de UDLA Park, un grupo de estudiantes llegó y comenzó a agredirme. Recibí golpes, patadas y me lanzaron objetos. En medio del enfrentamiento desapareció mi teléfono, cuya sustracción denuncié.
¿Saben qué es lo más indignante?
La propia UDLA revisó las grabaciones de seguridad y reconoció en su informe que la agresión comenzó contra mí, sin una provocación previa demostrada de mi parte.
No es un rumor. No es solamente mi versión.
Está escrito en los documentos oficiales de la universidad.
Durante aquel enfrentamiento reaccioné con una navaja suiza que llevaba como herramienta personal, regresé hacia el grupo y lesioné a otro estudiante. No voy a esconderlo. Fue grave y debía investigarse. La institución consideró que la primera agresión había cesado cuando reaccioné y rechazó mi argumento de legítima defensa.
Pero ¿por qué parece que todo lo ocurrido antes de mi reacción perdió importancia?
¿Por qué las agresiones anteriores, las advertencias y el miedo de un estudiante no merecían la misma atención?
Después terminé sangrando dentro de la garita de seguridad.
Cuando llegó la Policía, según recuerdo, escuché que los guardias describían lo sucedido como una supuesta pelea por «drogas».
Sentí una impotencia horrible.
Yo estaba contando que me habían perseguido, golpeado y que mi teléfono había desaparecido. Y sentí que mi historia estaba siendo reemplazada por una versión que no correspondía a lo que había vivido.
Terminé reducido y esposado. Hasta hoy sigo preguntándome si aquella intervención fue proporcional y quién investigó de manera independiente lo ocurrido.
El 16 de abril, apenas 24 días después de la agresión, la UDLA resolvió expulsarme definitivamente.
Así terminó una etapa de mi vida que había costado años de estudio y sacrificios económicos.
Perdí compañeros, amistades, mi entorno, vínculos que había construido durante años y la tranquilidad con la que antes pensaba en mi futuro.
Tuve que comenzar otra vez en una nueva institución. Buscar cómo homologar materias. Volver a organizar mis estudios. Intentar recuperar una estabilidad emocional que todavía estoy reconstruyendo con ayuda profesional.
Y aquí es donde quiero que pensemos como ecuatorianos:
¿Cuánto le cuesta a una familia educar a uno de sus hijos? ¿Cuántos sacrificios hay detrás de una pensión universitaria? ¿Cuánto vale el futuro de un estudiante cuando ese futuro se rompe?
No afirmo que mi reacción no mereciera consecuencias.
Lo que cuestiono es si la institución actuó de manera proporcional, si atendió debidamente mis advertencias anteriores y si investigó con el mismo rigor todas las responsabilidades.
La resolución menciona procesos contra quienes iniciaron la agresión, pero desconozco sus resultados oficiales. Tampoco he recibido respuestas que considere satisfactorias sobre la actuación de seguridad y de la Policía.
A veces siento que fue más importante cerrar el caso y preservar la imagen institucional que comprender todo lo que me sucedió. Esa es mi percepción, después de meses cargando con las consecuencias.
Una universidad no debería medirse únicamente por sus edificios, sus campañas publicitarias o cuánto cobra por semestre. También debería medirse por cómo protege a sus estudiantes cuando más vulnerables están.
No busco odio, amenazas ni ataques personales. Estoy cansado de la violencia.
Tengo los informes y la resolución de expulsión. Estoy dispuesto a que se examinen completos, incluso las partes que no me favorecen.
Lo que busco es transparencia, explicaciones y que ninguna familia tenga que descubrir demasiado tarde lo desprotegido que puede llegar a sentirse un estudiante.
Porque mientras para una institución esto puede ser un expediente cerrado, para mí significó perder una parte enorme de mi vida.
A la comunidad ecuatoriana le pregunto: ¿deberíamos exigir mayor transparencia y supervisión sobre cómo las universidades privadas investigan la violencia y deciden expulsar a sus estudiantes?
¿Quién protege al estudiante cuando siente que la institución que debía escucharlo también es la que tiene la última palabra sobre su futuro?
Si alguien conoce mecanismos de revisión independientes o ha pasado por algo parecido, me gustaría leerlo.
No quiero que mi experiencia se convierta en otra historia que nadie escucha. Quiero que sirva para que más estudiantes y familias conozcan sus derechos y puedan exigir respuestas.